La persistente violencia o Maduro, obstáculos para acuerdo de paz en Colombia

EURO PRESS.- El Gobierno y las FARC firmaron en 2016 un
acuerdo de paz aplaudido al unísono por la comunidad internacional.
Desde entonces, autoridades y ex guerrilleros están inmersos en hacer
realidad su contenido, con la persistente violencia y el impacto de la
crisis venezolana en Colombia como piedras de un largo camino que
ocupará al menos la próxima década.

«Este es un gran reto para la Administración del presidente (Iván)
Duque» porque «en los acuerdos están planteados un número muy importante
de las transformaciones que el país debería hacer con o sin acuerdos»,
ha dicho el consejero presidencial para la Estabilización y la
Consolidación, Emilio Archila, en una entrevista concedida a Europa
Press.

Una de las tareas más urgentes es reincorporar a los cerca de 12.000
guerrilleros de las FARC que en 2016 dieron el paso de entregar las
armas y abandonar sus campamentos para volver a la vida civil. «Vamos a
apoyar a los ex combatientes que se mantienen (…) dentro de la
legalidad. Vamos a darles ese apoyo durante el tiempo que sea
necesario», ha prometido.

Unos 3.500 han vivido estos años en los llamados Espacios
Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), a los que a
partir de agosto hay que buscar una alternativa porque en los textos de
La Habana solo estaban previstos como una solución temporal para los
primeros dos años y medio.

El Gobierno ha hecho «un análisis muy detallado» de las actuales
condiciones de los ETCR para determinar si se pueden convertir en
«soluciones definitivas». «Llegamos a la conclusión de que trece son
viables y en once estamos recomendando a los ex combatientes que no se
queden ahí», ha contado Archila. Para reubicar a los que viven en estos
últimos, el Gobierno tiene «lotes de tierra» en las mismas zonas, de
modo «que no tengan que moverse lejos».

«Ya para los 24 espacios, en los que se moverían y en los que no», el
Ejecutivo está trabajando a través de los ministerios competentes para
dotarlos de los mismos servicios públicos que hay en el resto del
territorio colombiano, es decir, salud, educación, agua potable, red de
alcantarillado, electricidad y carreteras, entre otros equipamientos
urbanos.

Interrogado sobre la actitud de los antiguos combatientes de las
FARC, Archila ha afirmado que la mayoría están «profundamente
comprometidos» con el proceso de paz y, conforme al «robusto» censo
realizado por el Ejecutivo entre octubre y marzo, «el 78 por ciento ve
su futuro con optimismo». El Gobierno está trabajando con ellos «para
que tengan las capacitaciones que necesitan para ser empleados y
empresarios», ha comentado.

«Hay un proyecto que a mí me gusta mucho», ha indicado. Se trata de
un grupo de ex guerrilleros que «en las mismas zonas donde antes
combatían» han puesto en marcha un proyecto turístico en el que, entre
otras cosas, ofrecen hacer rafting. Les ha ido tan bien que algunos se
han incorporado al equipo colombiano de rafting, integrado también por
no combatientes. «Han encontrado una alternativa para vivir de algo que
les entusiasma», ha valorado Archila.

El consejero presidencial ha llamado la atención sobre otro proyecto
en el que el Gobierno ha establecido las prioridades y que el Fondo para
la Construcción de la Paz de Naciones Unidas se encarga de
materializar. «Hay un énfasis en las mujeres», ha explicado. Se hace
hincapié en el cuidado de los niños para que las madres «tengan el
tiempo suficiente para poder capacitarse».

CONFLICTO, CRIMINALIDAD Y MADURO

Archila ha reconocido, no obstante, que los ex guerrilleros «tienen
alguna expectativa de que anduviéramos más rápido». «Yo también tengo la
misma expectativa», ha apostillado.

El partido político surgido de las FARC –con las mismas siglas– ha
denunciado constantes ataques contra sus antiguos miembros tanto por
parte de las Fuerzas Armadas colombianas, como de las propias
disidencias de las FARC, paramilitares y otros grupos.

Según datos del propio Gobierno, entre el 24 de noviembre de 2016,
fecha de la firma del acuerdo de paz, y el pasado 28 de marzo, se han
producido un total de 105 homicidios de ex guerrilleros de las FARC, si
bien Archila ha aclarado que solo tres se debieron a «motivos políticos»
y sus autores materiales e intelectuales ya están detenidos.

En uno de los hechos más recientes, el pasado 22 de abril el antiguo
insurgente Dimar Torres murió por los disparos de un militar en una zona
rural de Norte de Santander. Archila ha sostenido que se trata de «un
incidente aislado» que «no corresponde ni a la política del Gobierno ni a
la dedicación del Ejército». «Vamos a darles protección física durante
todo el tiempo que tengan amenazas excepcionales», ha aseverado.

Estos sucesos se enmarcan en un contexto de creciente violencia. El
acuerdo de paz finiquitó el conflicto armado más longevo del hemisferio
occidental, pero Colombia aún sufre otros cinco conflictos entre los
grupos que pugnan por ocupar el vacío dejado por las FARC, incluidas sus
propias disidencias. El Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) dijo
en su balance de 2018 que la situación humanitaria en Colombia «es ahora
más compleja» que en 2016.

«Es palmario que la existencia de grupos armados y de actividades
ilegales hacen difícil la implementación», ha admitido Archila, aunque
al mismo tiempo ha defendido que «las cifras de homicidios, de
secuestros, de desplazamientos y de victimización a los grupos débiles
han mejorado desde que se firmaron los acuerdos de paz».

«Igual que esperamos que cuando finalmente caiga (el presidente
venezolano, Nicolás) Maduro, eso nos ayude a no tener una presión
adicional», ha mencionado. Archila ha denunciado que «en la medida en
que Maduro facilita el narcotráfico, la minería ilegal y esconde a los
terroristas del Ejército de Liberación Nacional (ELN)» la tarea de la
implementación «se hace más costosa y más compleja».

AMBICIOSA TAREA

El consejero presidencial ha hecho hincapié en la ambiciosa tarea que
este y los sucesivos gobiernos tienen por delante para hacer realidad
lo acordado con las FARC. Solo durante los cuatro años de Presidencia de
Iván Duque se calcula que requerirá una inversión de 10,3 billones de
pesos (unos 280 millones de euros).

«También es importante tener claras las temporalidades», ha apuntado.
Así, para la reincorporación de los ex guerrilleros, el actual Gobierno
estima que, en lugar de los dos años previstos inicialmente, se
necesitarán «siete u ocho»; para recuperar las zonas más afectadas por
el conflicto armado, «de diez a quince años»; y los proyectos para
sustituir a los cultivos ilegales «no se pueden producir antes de cuatro
años».

Parte del objetivo de la gira europea que le ha llevado a Reino
Unido, Alemania, Noruega, Suecia y España es obtener de la comunidad
internacional «un acompañamiento lo más fuerte posible», también
«cuantitativo», para llevar a la práctica todos estos planes.

«Y hacer la reiteración de que el Gobierno Duque va a cumplir los
acuerdos», ha subrayado. El presidente colombiano, que llegó a la Casa
de Nariño en agosto, pretende enmendar los textos de La Habana en
cuestiones fundamentales como la participación política o la justicia
transicional. En concreto, ha realizado una serie de objeciones a una
ley clave para esta última que han suscitado cierto temor en la
comunidad internacional.

«Lo que tiene pensado hacer el Gobierno con los acuerdos es
cumplirlos», ha aseverado, defendiendo que «no se ha tomado ninguna
acción que implique la modificación ni siquiera de una coma». Según
Archila, «lo que ha mostrado este Gobierno es una capacidad de hacer una
planeación juiciosa y detallada para tener una ejecución eficiente de
esos planes».