Un diputado afectado tras lanzamiento de bombas lacrimógenas frente al Congreso Nacional

SANTO DOMINGO.- Con el lanzamiento de bombas lacrimógenas los miembros de la Policía
Nacional, en compañía de efectivos del Ejército, tratan de dispersar a
decenas de jóvenes y algunos legisladores de la línea del ex presidente
Leonel Fernández, en momentos en que los primeros trataron de instalar
una carpa frente al Congreso para oponerse a una eventual modificación
de la Constitución.

Informaciones preliminares sobre el incidente dan cuenta de que el
gas lanzado por los agentes no solo afectó a los jóvenes que se
resistían a acatar las órdenes de no montar las carpas, sino también a
algunos legisladores como es el caso de Henry Merán, quien recibe
atenciones médicas.

Este legislador fue capturado en un video grabado desde el celular de
una persona, sentado en la acera y visiblemente afectado por el picor
producto de la bomba lacrimógena. Era asistido por un conjunto de
personas que gritaban en rechazo de la acción policial.

Más adelante, el legislador por San Juan del partido de gobierno se ve recibiendo atenciones médicas.

Un contingente de policías antimotines se movilizó tan pronto sonaron
las primeras acciones que dispersaron los participantes, quienes
corrían de un lugar para otro a los fines de protegerse del humo que le
afectó los ojos.

Antidemocrática. Previo al incidente, el diputado
Merán, seguidor del ex presidente Fernández, había leído un documento a
la prensa en la que rechazaba a nombre de otros diputados y diputadas,
la iniciativa “ilegítima y antidemocrática de militarización del
Congreso Nacional, como paso previo para el sometimiento del proyecto de
ley, que iniciaría una fraudulenta y comprada reforma constitucional”.

Merán indicó que de conformidad con la Constitución, la República
Dominicana es un estado social, democrático y de derecho, donde rige el
principio de separación de los poderes públicos. “Cada poder tiene
determinado en la Constitución sus atribuciones”, refirió.

Agregó que de conformidad con el artículo 128 de la Carta Magna, “el o
la presidente de la República es la autoridad suprema de las Fuerzas
Armadas, la Policía Nacional y los demás cuerpos de seguridad el
Estado”.

En ese sentido, sostuvo que la militarización del Congreso Nacional
no ha podido realizarse sin la autorización expresa del Poder Ejecutivo,
al tiempo que indicó que en la actualidad no existe circunstancia que
podrían afectar la seguridad de la nación o sus instituciones, “como es
el caso del Congreso, por cuanto las facultades ordinarias para la
protección del mismo resultan suficientes”.

“Por tanto, es violatorio a la Constitución de la República, que el
Poder Ejecutivo utilice sus atribuciones excepcionales para situaciones
ordinarias”, puntualizó.