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Trump ordena denegar visados a inmigrantes que no puedan pagar por su salud

EFE, WASHINGNTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha
ordenado a los consulados estadounidenses que denieguen visados de
entrada al país a aquellos inmigrantes sin seguro médico o que no puedan
pagar por su salud, según anunció ayer la Casa Blanca.

Se trata de la última medida que promueve Trump dentro de su
estrategia para reducir tanto la inmigración irregular como la legal.

En una proclamación, el presidente ordenó a los funcionarios
consulares que denieguen visados a no ser que los solicitantes
demuestren que tienen «los recursos financieros para pagar los costos
médicos» mientras estén en Estados Unidos o que «estarán cubiertos por
un seguro médico aprobado».

La medida debe entrar en vigor a partir del próximo 3 de noviembre.

«Si bien nuestro sistema de atención médica enfrenta los desafíos
causados por la atención médica no pagada, el Gobierno de EE.UU. está
agravando el problema al admitir a miles de extranjeros que no han
demostrado capacidad alguna para costear sus gastos médicos», afirmó
Trump en la proclamación.

Para probar su tesis, el presidente, defendió que «los datos muestran
que los inmigrantes legales tienen una probabilidad tres veces mayor
que los ciudadanos de Estados Unidos de carecer de seguro médico».

«Los inmigrantes que ingresan a este país no deberían ser una carga
para nuestro sistema de salud y, en consecuencia, para los
contribuyentes estadounidenses», concluyó.

Además de las variadas estrategias para reducir la inmigración
irregular en la frontera con México, el Gobierno de Trump también está
poniendo el foco en reducir la migración legal.

El pasado 12 de agosto, el Gobierno presentó un reglamento que
permitirá rechazar permisos de residencia permanente en Estados Unidos a
los inmigrantes legales que las autoridades consideren que se han
convertido en una «carga pública» para el país.

Bajo esta nueva normativa, un inmigrante legal será definido como
«carga pública» si recibe «uno o más beneficios públicos designados»
durante más de 12 meses en un período de 36 meses.

Estos beneficios públicos incluyen asistencia alimentaria, ayuda a la
vivienda o programas que subsidian el elevado costo de los
medicamento

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