REPÚBLICA DOMINICANA.- Al menos seis gobernadores provinciales y el cónsul dominicano en Juana Méndez, Haití, aparecen en la lista de que el opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM) entregó a la Junta Central Electoral (JCE) para que investigue, ya que también son candidatos a cargos electivos para las próximas elecciones.
La organización opositora los acusa de violar la Ley de Función Pública 41-08 y la Electoral 15-19, al seguir en sus funciones públicas y tener candidaturas.
Después de que el PRM formalizara este viernes su denuncia ante la Procuraduría de Delitos Electorales, el gobierno dio a conocer la noche de hoy el decreto 208-20, mediante el cual el presidente Danilo Medina designa a nuevos funcionarios en los puestos de los gobernadores y el cónsul. Según se precisa en el documento, los seis gobernadores y el diplomático renunciaron a sus funciones, pero no se especifica cuándo.
Los nombres que coinciden son: Pedro Mota Pacheco, era gobernador en San Pedro de Macorís; Abraham de la Cruz Martínez Pujols, gobernador en San José de Ocoa; Napoleón del Rosario Almonte Jiminián, en María Trinidad Sánchez; Rafael Cuevas Jiménez, en Bahoruco; Juan Alberto Aquino Montero, Elías Piña; Gerardo Alfredo Casanova Jiménez, en El Seibo; y Esteban Antonio Cruz, como cónsul en Juana Méndez, Haití.
El PRM indicó en su documento que la primera persona que viola las leyes es la vicepresidenta y aspirante a la misma posición, Margarita Cedeño, por ser la coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales del Gobierno.
A final de mayo, el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) aseguró que ninguno de sus candidatos, que también son funcionarios, violan leyes porque “fueron suspendidos de sus funciones desde el día en que la Junta Central Electoral (JCE) admitió sus candidaturas”.
Sobre la situación de la vicepresidenta Margarita Cedeño, el partido dijo que ella es la única candidata que continúa con sus funciones porque, argumentó, el párrafo II del artículo 139 de la Ley de Régimen Electoral se exceptúan de estas disposiciones de suspensión de funciones aquellos casos que, al momento de la aceptación de su candidatura, ocupen cargos electivos.
“En consecuencia, en el caso de la vicepresidenta de la República, y aspirante a la misma posición, tampoco se ha violado la ley, ya que ella no ha prevalecido de su condición para realizar manifestaciones o actividades de carácter proselitista”, añadió en un comunicado.
El país está a un mes de celebrar las elecciones presidenciales y congresuales, las cuales serán las primeras de Latinoamérica desde que inició la pandemia del COVID19, por la cual se aplazó en mayo la convocatoria a comicios.
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