SANTO DOMINGO.- El senador por la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, manifestó que la gente se encargará de pedir en las calles la reforma Constitucional «transparente», así como de «señalar», a aquellos legisladores que lo impidan.
«La gente cada vez más está exigiendo transparencia, está exigiendo institucionalidad, está exigiendo nuevas actuaciones de los políticos, entonces yo pienso que las reformas que nosotros vamos a dar la gente la va a pedir y la va a pedir en la calle”, «, argumentó Taveras.
Asimismo, dijo que la población “va a presionar y va a señalar a los congresistas por los cuales ellos votaron y le va a cuestionar porque no quieren reformas».
Tras ser cuestionado sobre si el oficialismo estará en la disposición de negociar con la oposición tras el retiro de estos de las discusiones, ya que no cuentan con los legisladores suficientes para poder aprobar una reforma, Taveras manifestó que quienes se retiraron del diálogo «son los mismos» que modificaron la carta magna con fines políticos, además de crear una Constitución a «su imagen y semejanza» para controlar la justicia y demás órganos reguladores.
«Este cambio Constitucional que nosotros estamos proponiendo es para tener un Ministerio Público independiente, para adecentar la justicia, para que nunca más un procurador tenga que caer preso por estar siendo un peón de los políticos», exclamó el legislador.
A mediados de la semana, los representantes de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Dominicano (PRD) y Fuerza del Pueblo (FP) se retiraron de las discusiones sobre la reforma Constitucional y establecieron que «bajo ninguna circunstancia» aprobarían un cambio en la carta Magna.
En tanto, el pasado jueves, el presidente Luis Abinader explicó que esos líderes políticos (los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina) tienen «temor» ya que ellos sí la modificaron «para justificar sus aspiraciones presidenciales» pero recalcó que esas «no son sus intenciones» y que está dispuesto a reunirse con ellos para garantizarlo.
La propuesta del Poder Ejecutivo y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) tiene como meta principal la modificación de las atribuciones del Procurador General de la República, comenzando por cambiarle el nombre a “Fiscal General”, además de delimitar que los aspirantes a componer la Junta Central Electoral (JCE) y las altas cortes no aparezcan en el padrón de ningún partido político en los cinco años previos a su elección y unificar las elecciones presidenciales y congresuales con las municipales, para que las mismas sean celebradas el tercer domingo de mayo del año electoral.
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