Dueños de tiendas de celulares protestan contra allanamientos sin orden judicial y retención arbitraria de equipos
Santo Domingo Este, R.D. – Decenas de propietarios de tiendas de venta y reparación de celulares se manifestaron este viernes en diversos puntos del país, denunciando supuestos abusos cometidos por miembros de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público, quienes —según afirman— han realizado allanamientos sin orden judicial y han incautado equipos sin justificación legal.
Los comerciantes aseguran que, en el día de hoy, han sido blanco de operativos sorpresivos en los que las autoridades irrumpen en sus negocios sin presentar ninguna orden ni justificación formal. En muchos casos, denuncian que se llevan decenas de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos bajo el argumento de estar “investigando robos o rastreando líneas ilegales”, sin que se les informe del proceso o se les devuelva la mercancía.
Esta ola de intervenciones coincide con la entrada en vigencia de la Resolución núm. 064-2025 emitida por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), que otorgó un plazo de 30 días el pasado 29 de junio a las compañías telefónicas para depurar la identidad de los usuarios de líneas móviles prepago, como parte de una estrategia para frenar el uso de líneas anónimas en actividades delictivas.
Aunque los comerciantes reconocen la importancia de regular el uso de líneas móviles, consideran que las acciones policiales recientes constituyen un abuso de poder y un atropello a sus derechos. “Estamos de acuerdo con combatir el crimen, pero no pueden tratarnos como criminales sin pruebas, sin órdenes ni debido proceso. Esto afecta nuestras operaciones, nuestra reputación y nuestro sustento”, expresó uno de los propietarios afectados.
También señalan que las autoridades no han ofrecido canales de comunicación ni mecanismos formales para apelar las retenciones o recuperar los equipos decomisados, lo cual deja a los comerciantes en un estado de incomodidad.
Será que un sector estaría usando las nuevas medidas de Indotel como pretexto para emprender redadas indiscriminadas y represivas, en lugar de aplicar una estrategia coordinada y legalmente sustentada para combatir el crimen organizado.
Los manifestantes exigieron al Ministerio Público y a la Policía Nacional que detengan los operativos ilegales y se respeten las garantías constitucionales de todos los ciudadanos, incluyendo el derecho a la propiedad, al debido proceso y al ejercicio del comercio lícito.
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